El proceso de descentralización administrativa y de transferencia de atribuciones del orden federal hacia estados y municipios ha ampliado sustancialmente su espacio de acción y, por ende, ha aumentado la necesidad de contar con mejores regulaciones.

Las regulaciones estatales y municipales tienen un gran impacto sobre el ámbito económico y social de sus respectivas localidades, y por consiguiente en las capacidades generales de crecimiento de la economía y bienestar de la población del país.

Los gobiernos estatales y municipales deben contribuir eficazmente a mejorar la competitividad de las empresas, estableciendo condiciones propicias para su constitución, establecimiento, operación y cierre.

En este contexto, la mejora regulatoria es una herramienta esencial para lograr un marco jurídico que permita a las administraciones públicas locales ofrecer a los ciudadanos trámites y servicios de calidad en un entorno de transparencia y certidumbre.