En el México de hoy, las empresas enfrentan un gran número de desafíos regulatorios, lo cual se traduce frecuentemente en obstáculos para un pleno desarrollo de la actividad económica.
Esta situación puede generar efectos no deseados tanto para las empresas como para los ciudadanos, haciendo más difícil el camino para abrir y operar un negocio, estableciendo costos innecesarios a través de regulación y trámites que, sin duda, son susceptibles de ser mejorados.
Actualmente, muchas micro, pequeñas y medianas empresas destinan una gran cantidad de tiempo y de recursos para cumplir con lo que la normatividad les exige y, en algunos casos, la dificultad de realizar un número considerable de trámites deriva en un incumplimiento parcial o total de las obligaciones administrativas por parte de los empresarios.
Ante esto, resulta imperativo para el gobierno federal emprender acciones concretas para incrementar la productividad y la competitividad de México; estimular la creación de nuevos empleos y de nuevas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas; y, aumentar las oportunidades económicas que permitan elevar los estándares de vida de la población mediante un crecimiento económico sostenido.
Es igualmente necesario impulsar una reforma administrativa dirigida a mejorar la relación entre los ciudadanos y el aparato gubernamental, reducir las cargas administrativas innecesarias, mejorar los canales de comunicación entre las autoridades y los gobernados e incrementar el uso de nuevas tecnologías para acelerar el ritmo de la actividad económica.
Es por eso que el gobierno mexicano, en colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se ha dado a la tarea de llevar a cabo una revisión de las regulaciones federales existentes, con el objeto de identificar aquellas regulaciones que están incidiendo negativamente en la competitividad del país, y desarrollar alternativas que resuelvan las problemáticas identificadas.
La Revisión Regulatoria se encuentra diseñada para generar resultados tangibles en un período inicial de dos años. Con este proyecto, el Gobierno Federal tiene un gran compromiso: convertir a México en uno de los países más competitivos en el beneficio de la ciudadanía y sus empresas.
Carlos García Fernández
Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

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